La patronal de los centros de datos recurre y pide suspender el decreto

Spain DC ya ha presentado el recurso y pide la suspensión cautelar mientras se resuelve, justo el día en que la norma entra en vigor. Su directora, Begoña Villacís, la considera una prohibición de facto para el sector.

La patronal de los centros de datos recurre y pide suspender el decreto

Un nuevo decreto del Gobierno de España ha puesto en pie de guerra a la patronal de los centros de datos. Spain DC, que agrupa al sector, ha anunciado que recurrirá la norma y pedirá su suspensión cautelar. Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, da un paso más y considera que la norma equivale, en la práctica, a «una prohibición de facto» para la industria.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1032/2026 el 20 de noviembre, tras una tramitación por urgencia y más de 600 alegaciones. El texto busca ordenar la sostenibilidad energética y la autonomía digital de estas instalaciones. Empieza a aplicarse hoy, 22 de noviembre, un día después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Qué exige la norma

La norma se dirige a los centros de datos de 10 MW o más, es decir, a los grandes consumidores de electricidad. Para conectarse a la red, deberán cubrir el 80 % de su consumo con energía renovable nueva. A ello se suma la obligación de acreditar que, en cada hora, el 80 % del suministro proviene de fuentes limpias generadas en ese mismo instante.

A esa exigencia se la conoce como correlación horaria, y es justo lo que más preocupa a la industria. El decreto exige también la clase A en eficiencia energética e hídrica.

El problema de las horas sin sol

Villacís lo resume en una frase: un centro de datos funciona las 24 horas, pero el sol no. Según la patronal, la solución serían las baterías, pero las mejores disponibles hoy aguantan cuatro horas. Para alimentarlas haría falta levantar más parques eólicos o fotovoltaicos, y los permisos para construirlos tardan en llegar.

Quien no logre cumplir esa correlación tiene otra vía: entrar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que le concede cinco años para adaptarse. A cambio, Red Eléctrica podrá desconectar esas instalaciones cuando lo exija el interés general. Según Villacís, serían las primeras de la lista.

Por qué el Gobierno lo defiende

Los centros de datos son la infraestructura física de la nube y de la inteligencia artificial. La Agencia Internacional de la Energía calcula que su consumo mundial se duplicará hasta 2030, hasta 945 TWh, cerca del 3 % de la demanda eléctrica. En España consumían el 0,8 % de la electricidad en 2025, según el informe anual de Spain DC, pero el Gobierno calcula que su demanda llegará a entre 3,5 y 4 GW en 2030.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sostiene que sin esta normativa el desarrollo de estas infraestructuras podría provocar un sobrecoste de 5.000 millones de euros al año en el sistema eléctrico, y recibos industriales un 25 % más caros. Para el Gobierno, el temor principal es que suba la factura de la luz.

La réplica de la patronal

Spain DC responde con sus propias cifras: hay 66.900 millones de inversión en riesgo hasta 2030, y tres inversores ya han retirado proyectos por 9.000 millones. Villacís asegura que la suma de requisitos es la peor de Europa y que «ningún centro querría venir a partir de ahora a España». Afirma que ya conocen a muchos promotores que se marcharán tras la aprobación del decreto.

El sector también cuestiona la contribución de estas instalaciones a las comunidades donde se instalan, un debate que, según la patronal, queda abierto.

Qué pasa ahora

Spain DC ya ha presentado el recurso y ha pedido la suspensión cautelar mientras se resuelve. Mientras tanto, el PP ha anunciado que derogará el decreto si llega a la Moncloa.

Lo que se decida en los próximos meses marcará dónde se instala la próxima capacidad de la nube y de la IA en España, y quién paga el impacto que esos centros tienen sobre la red eléctrica.

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