El Gobierno aprueba el decreto de centros de datos que rechaza el sector

El Ejecutivo cierra la regulación de estas instalaciones antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Comunidad de Madrid recurrirá la norma y asegura que pone en riesgo miles de millones en inversiones.

El Gobierno aprueba el decreto de centros de datos que rechaza el sector

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula los centros de datos en España, una norma que el sector critica desde hace meses. Quienes se oponen calculan que 69.000 millones de euros en inversiones podrían quedar en el aire en toda España.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá el decreto en los tribunales y que pedirá medidas cautelares para frenarlo. Según su Gobierno regional, la norma invade competencias autonómicas y puede paralizarse a través de Europa.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, la considera un «grave error» por imponer «unas exigencias desproporcionadas» y generar «inseguridad jurídica». Asegura además que la norma es más restrictiva que la europea, lo que empujará a las empresas a invertir en otros países. Según sus cálculos, hace peligrar más de 26.000 millones de euros solo en la región.

Qué fija el decreto

El texto sale adelante de la mano de Transición Ecológica y de Economía y Transformación Digital. Con él, el Gobierno cierra este marco regulatorio antes de los comicios.

Según Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, sin esta norma los centros de datos dispararían la factura eléctrica en 5.000 millones de euros al año y encarecerían un 25% el recibo industrial.

De esa cifra, unos 4.000 millones se explicarían por el alza del precio en el mercado mayorista, empujado por el enorme salto en el uso de gas natural que traen los centros. El resto, 1.000 millones, procedería del mecanismo de capacidad, que ya acumula un coste previsto de 800 millones al año.

Renovables y consumo en horas verdes

Aagesen admite que estos proyectos despiertan dudas legítimas sobre el gasto de energía y agua y sobre los precios. También ha puesto cifras al interés inversor: hay 15 GW con permisos de acceso concedidos, cerca del 40% del consumo pico nacional, y más de 20 GW adicionales en cola. La Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 estimaba menos de 4 GW para 2030.

La norma exige que los centros acrediten que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables. Esas instalaciones deberán haberse puesto en marcha como máximo 18 meses antes que el centro. Hasta 2032 hay una senda flexible para cumplir este requisito.

El Gobierno ha suavizado el borrador inicial de agosto, que recibió más de 600 alegaciones y un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que pedía rebajar obligaciones. El cambio busca evitar que se paralicen las inversiones.

Otra exigencia es que el consumo coincida con las horas de generación verde, para que el precio no se tense con el gran consumo. El cumplimiento será progresivo en horas punta: arrancará en el 60%, subirá al 70% en 2029 y, desde el 1 de enero de 2032, todos los centros deberán cumplir el 80% de adicionalidad renovable y la correlación horaria siempre.

Agua, eficiencia y datos en España

En materia de agua, todos los centros nuevos deberán alcanzar la etiqueta europea «A», lo que supone un consumo de 0,1 litros por kilovatio. La eficiencia energética también será exigida con la máxima calificación, pero adaptada a cada región climática, porque no es lo mismo refrigerar en Andalucía que en el Cantábrico.

El bloque de soberanía digital establece mecanismos de supervisión para que los datos permanezcan en España y en el Espacio Económico Europeo, limitando su acceso a terceros países.

El decreto, según Aagesen, «no es ninguna moratoria». Sí habilita un régimen transitorio voluntario de cinco años para los proyectos más inmediatos. Quienes se acojan podrán ser desconectados por el operador del sistema si hay tensión en la red.

Por qué el Gobierno tiene prisa

Para justificar la urgencia, la ministra ha citado mercados saturados por estas instalaciones. En Irlanda acaparan el 23% del consumo eléctrico, en Países Bajos el 5% y en 15 estados de Estados Unidos también se han producido tensiones.

La asociación Multinacionales con España pide evaluar el impacto económico de la norma y mantener un diálogo más activo con el sector, para garantizar que sus exigencias sean viables y encajen con el marco europeo.

El conflicto llega a pocas semanas de las elecciones, y el destino de las inversiones dependerá ahora de los tribunales y de cómo se aplique la norma en la práctica.

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