Empleados de DeepMind se sindican para frenar los contratos militares de Google

Los trabajadores del laboratorio de IA de Google en Reino Unido quieren fijar límites por escrito a los usos militares y de vigilancia de su tecnología. Piden también poder negarse a participar en proyectos que consideren contrarios a la ética, sin represalias.

Empleados de DeepMind se sindican para frenar los contratos militares de Google

Los trabajadores de DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial de Google en Reino Unido, han formado un sindicato para exigir que su trabajo no acabe en armas ni en sistemas de vigilancia masiva. Según ellos, la presión de la plantilla es hoy la primera barrera real frente a unas empresas que se mueven más rápido que la ley.

El colectivo dice querer recuperar el espíritu fundacional de la compañía, cuya misión original era construir IA «de forma responsable para beneficiar a la humanidad». Afirman que la ley no avanza al mismo ritmo que la tecnología y que quienes construyen estos sistemas tienen la responsabilidad de vigilar cómo se usan.

Un compromiso que desapareció sin aviso

El detonante, según la plantilla, es un cambio discreto de Google. Pocas semanas después de que Donald Trump comenzara su segundo mandato, la compañía eliminó de sus principios de IA el compromiso de 2018 de no desarrollar armas ni sistemas de vigilancia que violen derechos. Ese compromiso había nacido tras las protestas de empleados contra un contrato militar con drones. Google no lo presentó como un giro: la única nota de la modificación decía que había hecho «actualizaciones» en sus principios.

La plantilla recuerda también que los propios abogados y consultores de Google advirtieron de que dar IA al ejército israelí «podía utilizarse para, o estar vinculada a, facilitar violaciones de derechos humanos». Recomendaron no ceder la tecnología. Google firmó el contrato, valorado en 1.200 millones de dólares, sin una forma fiable de comprobar cómo se usaba.

Del reconocimiento facial a la frontera

Los trabajadores citan además un caso concreto. Un funcionario israelí aseguró que el reconocimiento facial de Google Fotos «funcionaba mejor» que herramientas diseñadas específicamente para ello en el sistema de vigilancia que Israel desplegó en toda la Franja de Gaza. Según ese mismo funcionario, la tecnología ayudó a construir una lista de objetivos. Miles de personas fueron detenidas y algunas torturadas. Preguntada por el asunto, Google se negó a explicarlo.

El caso no es el único. Las torres de vigilancia fronteriza de Arizona están incorporando IA que detecta personas y vehículos de forma automática, y el vídeo se analiza en la nube de Google que utiliza la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En 2020, la directora ejecutiva de Google Cloud dijo a la plantilla que la empresa no trabajaba en ningún proyecto ligado al control de la inmigración en la frontera sur.

También hay contratos con el sector de defensa. Google anunció una alianza de IA generativa con AI Factory, la división de la contratista de armamento Lockheed Martin, cuyo principal cliente es el Departamento de Guerra, nombre que da el Gobierno estadounidense al Pentágono. El acuerdo se aplicaría primero en sistemas sin clasificar y después en sistemas clasificados, en entornos aislados de internet.

La cláusula que Anthropic rechazó

El Pentágono firmó acuerdos con ocho empresas de IA, entre ellas Google, para impulsar lo que llama una «fuerza de combate primero con IA». Los contratos aceptan «cualquier uso legal» de los modelos. La startup Anthropic se negó a aceptar esa cláusula por temor a la vigilancia masiva y a las armas autónomas, y por ello fue calificada de «riesgo para la cadena de suministro». Google sí la firmó.

Para los trabajadores, el problema va más allá de una empresa concreta. Sostienen que unas pocas compañías privadas controlan casi toda la infraestructura de computación necesaria para la IA y deciden dónde y cómo se despliega, con una influencia que escapa al control democrático. Señalan que los contratos militares y de vigilancia suelen no fijar límites al uso y dejan a las empresas sin visibilidad sobre lo que hacen los clientes.

Qué piden exactamente

El sindicato ha publicado una lista de exigencias. La primera es que Google no firme contratos con socios acusados de violaciones de derechos humanos, salvo que una evaluación independiente, publicada, confirme que la tecnología no se usará para ello. También pide restablecer las líneas rojas sobre armas y vigilancia, incluir los principios de IA como parte obligatoria de cualquier contrato y que la empresa aplique supervisión externa e independiente para comprobar su cumplimiento.

En transparencia, reclaman que Google publique las políticas que usa para decidir con qué clientes trabaja y que informe periódicamente de su negocio con gobiernos, defensa, policía y servicios de inteligencia, desglosado por país. Y exigen que cualquier empleado pueda negarse a trabajar en proyectos que considere contrarios a los compromisos éticos, sin represalias. Hay además una petición ambiental: que Google deje de firmar contratos que impulsen la extracción de combustibles fósiles.

El argumento ambiental se apoya en el propio informe de sostenibilidad de Google de 2026, que admite que el despliegue de infraestructura de IA avanza más rápido de lo que la red eléctrica se descarboniza. Los trabajadores creen que la expansión de la IA está llevando a la compañía lejos de sus propios compromisos climáticos.

Una negociación con límites

La dirección, según el propio colectivo, ha dejado claro que solo está dispuesta a negociar salarios, vacaciones y horarios, lo mínimo que exige la ley. La plantilla responde que sus demandas se deciden de forma democrática entre los empleados y que cuentan con apoyo jurídico y de negociación de la oficina nacional de su sindicato.

Los firmantes defienden además que la sindicación les da un papel en el debate público. Afirman que, como miembros de un sindicato, pueden ser consultados por reguladores, el Parlamento y diputados a la hora de preparar nuevas normas sobre IA. Citan a los economistas Daron Acemoglu y Simon Johnson, que sostienen que los trabajadores organizados fueron clave para que el progreso de la posguerra se tradujera en prosperidad para todos.

El conflicto apunta a una pregunta que va más allá de DeepMind: quién decide para qué se usa una IA cada vez más potente. Si Google acepta las exigencias o las rechaza marcará el terreno para otros laboratorios que trabajan con el mismo tipo de contratos militares y de vigilancia.

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