El Gobierno busca que el Estado se libre de multas por la ley de IA

Una guía del Ministerio para la Transformación Digital propone que las administraciones reciban solo advertencias si incumplen el Reglamento europeo. Las empresas privadas, en cambio, se enfrentan a multas de millones de euros.

El Gobierno busca que el Estado se libre de multas por la ley de IA

El Gobierno de España quiere proteger a las instituciones públicas de las multas más duras de la ley europea de inteligencia artificial. El documento que lo revela es una guía del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública: en ella propone que, si una administración no cumple la norma, le baste con un aviso formal y la obligación de subsanar el fallo. Las empresas privadas, en cambio, se enfrentan a multas millonarias y a la posible suspensión de sus servicios.

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, entró en vigor en agosto de 2024. Su objetivo es regular cómo se fabrican, venden y usan estas herramientas, con más o menos exigencias según el daño que puedan causar a la sociedad.

En la categoría de mayor riesgo, la ley prohíbe, por ejemplo, los programas que manipulan el comportamiento de las personas, los que las clasifican con puntuaciones sociales o los que identifican a personas a distancia en espacios públicos mediante datos biométricos como el rostro. Una firma privada que incumpla se arriesga a pagar hasta 35 millones de euros, o el 7% de lo que facture en todo el mundo en un año.

La norma también considera de alto riesgo los sistemas usados en productos biométricos, en el reconocimiento facial o en la educación y el trabajo. Sus desarrolladores deben registrarlos y cumplir requisitos más estrictos de gestión de riesgos y calidad para operar en el mercado europeo. Si fallan, las sanciones van de 7,5 a 15 millones de euros, o entre el 1,5% y el 3% de la facturación mundial, según la infracción y el tamaño de la empresa, incluidas las pymes y las startups.

Qué obligaciones tendrían las administraciones

La guía no elimina las obligaciones para el sector público. Las administraciones deben usar la inteligencia artificial de forma segura y transparente, respetando los derechos fundamentales. Además, deben preparar a los empleados que manejan estas herramientas, informar a quien se comunique con una IA y marcar lo que haya sido creado o alterado con inteligencia artificial, desde los deepfakes hasta los textos sobre temas de interés general.

Cuando se trate de sistemas de alto riesgo, toca medir y reducir qué daños pueden causar a la salud, a la seguridad o a los derechos de las personas. También deben vigilar que los datos sean de buena calidad, explicar por escrito cómo operan y guardar un historial de uso. En todos los casos, el documento exige mantener una supervisión humana efectiva y usar la IA para mejorar los servicios públicos existentes, no solo para automatizarlos, además de mecanismos claros para reclamar y revisar las decisiones.

El punto más delicado es este: según el documento, ninguna multa económica caerá sobre el sector público por estos incumplimientos. Eso sí, los organismos de control podrán lanzar avisos y dictar resoluciones que confirmen la falta y obliguen a adoptar medidas para cortarla o paliar sus consecuencias.

Una excepción apoyada en el margen de la ley europea

La excepción se apoya en una facultad que el propio Reglamento da a los Estados miembros: decidir cómo sancionar a sus propias administraciones cuando vulneren la norma. Con ese margen, España propuso en su Proyecto de Ley Orgánica sustituir las multas económicas por apercibimientos y medidas correctivas para el sector público.

Pero la exención todavía no está aprobada. Su futuro depende de que el nuevo Gobierno decida retomar la propuesta legislativa. Además, la guía tiene carácter orientativo y no produce efectos vinculantes, y el proyecto de ley tampoco tiene efectos jurídicos mientras no se apruebe. Por ahora, es una declaración de intenciones.

Preocupación por el trato desigual

El planteamiento despierta inquietudes en varios frentes. Por un lado, muestra que la ley permite tratar de forma distinta al sector público y a las empresas privadas, algo que el propio Reglamento contempla. Por otro, deja dudas sobre los límites reales que tendrán las administraciones al usar inteligencia artificial y otras tecnologías.

Ese temor no es exclusivo de España. En países como México y Argentina también preocupan los posibles abusos de vigilancia de los gobiernos y las vulneraciones de la privacidad. Si el Estado no pagara multas por sus errores, el control dependería en buena parte de sus propias advertencias y correcciones. Lo que se decida en los próximos meses marcará si la misma regla que castiga con millones a una startup se aplica también a la Administración.

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