El organismo brasileño encargado de la protección de datos, la ANPD, acaba de sacar un documento oficial que precisa qué compañías están obligadas a cumplir la ley de amparo a menores en la red. Según el texto, hay ocho tipos de servicios que la agencia da por alcanzados de entrada: redes sociales, juegos, tiendas de aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial que dialogan con la persona a partir de órdenes escritas o habladas.
Completan el listado los sistemas operativos, los servicios con control editorial, las webs de contenido para adultos y las tiendas online que venden artículos vetados a menores. En todos esos casos, la ANPD entiende que los menores son previsiblemente usuarios, y ese es el requisito que pone en marcha la norma: el llamado «acceso probable». En la práctica, las empresas no tienen que demostrar que sus usuarios incluyen menores: la presunción solo cae si la compañía justifica, caso por caso, que no es así.
Qué significa el acceso probable
Se trata de la Ley 15.211, cuyo nombre oficial es Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, y cuya sigla es ECA Digital. Se firmó el 17 de septiembre de 2025 y no tuvo efecto hasta el 17 de marzo de 2026. Un decreto, el 12.880, de 18 de marzo de 2026, la reglamentó. La versión en portugués de la guía se adoptó el 28 de octubre de 2026. La agencia también publicó una edición en inglés de 69 páginas, pero prevalece el texto en portugués si hay diferencias.
Uno de los puntos más duros de la guía afecta a las propias medidas de protección. Las herramientas que una empresa instala para cumplir la ley, como los mecanismos de verificación de edad, no pueden usarse para afirmar que el servicio no es de acceso probable. La agencia lo considera un razonamiento circular: cumplir la obligación sacaría a la empresa de la norma que la impone.
Tampoco basta con declarar que el producto es solo para adultos. La ANPD sostiene que esa autoevaluación no la vincula y que puede concluir lo contrario y exigir el cumplimiento. Un servicio que se presenta solo para mayores, pero ofrece vídeos, juegos o recompensas que atraen a adolescentes, puede quedar dentro de la ley de todos modos.
Un alcance que va más allá de Brasil
La norma no se limita a las empresas brasileñas. Se aplica a productos y servicios sin importar dónde se desarrollen u operen. La guía ilustra el caso con juegos o redes sociales disponibles en internet que puedan usar menores en Brasil, aunque el proveedor tenga su sede en otro país.
La ley añade obligaciones para las tiendas de aplicaciones y los sistemas operativos. Deben tomar medidas para determinar la edad o el rango de edad de sus usuarios y ofrecer a las aplicaciones una señal de edad a través de una interfaz segura. Además, prohíbe que los proveedores de contenido pornográfico permitan crear cuentas a menores.
Gratuito no significa excluido
La guía también aclara que un servicio gratuito no escapa a la norma. Que el usuario no pague directamente no basta para quedar fuera. Los servicios financiados con publicidad u otras formas de remuneración indirecta están sujetos a la ley, siempre que se presten a distancia, por medios electrónicos y a petición individual del usuario.
No todas las categorías tienen el mismo respaldo legal. Un análisis jurídico advierte que, para las redes sociales, las tiendas y los sistemas operativos, la ley impone deberes sin condiciones. En cambio, en los juegos y en la IA generativa, el decreto y la ley hablan de servicios dirigidos a menores o de acceso probable, así que la presunción en esos casos es una interpretación de la ANPD.
Para los chatbots y otros sistemas de IA generativa, el mensaje es que su uso general no les exime de la norma: la presunción se aplica salvo que la empresa justifique lo contrario con datos concretos.
Un borrador sometido a consulta pública
Un borrador de la guía estuvo en consulta pública en la plataforma Brasil Participativo entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2026. El texto no entra en detalle en la verificación de edad, la supervisión parental ni la moderación de contenido.
Para la verificación de edad siguen vigentes las orientaciones preliminares de la ANPD, publicadas en marzo de 2026. La agencia indica que servirán de referencia para su monitoreo hasta que publique orientaciones definitivas, tras una nueva consulta a la sociedad. Lo que viene después es esa consulta, que fijará cómo tendrán que comprobar las empresas la edad de sus usuarios.




