El Gobierno aprueba 20 centros de IA y chips, pero sin dinero nuevo

El decreto busca reducir la dependencia tecnológica de España con hasta 20 centros de investigación y más incentivos para la I+D. Pero no incluye financiación nueva y depende de un trámite parlamentario en plena campaña electoral.

El Gobierno aprueba 20 centros de IA y chips, pero sin dinero nuevo

Con un nuevo real decreto-ley, el Ejecutivo quiere impulsar la investigación en inteligencia artificial, chips y computación cuántica. El plato fuerte son hasta 20 centros públicos con la etiqueta de «interés nacional», pensados para que España dependa menos de tecnología extranjera. Tras pasar por el Consejo de Ministros, el texto fue presentado por Pedro Sánchez en persona.

Europa busca tecnología propia y esta medida se suma a esa carrera, aunque con una pega clara: apenas añade dinero y llega en vísperas de las urnas.

Cuatro medidas principales

La primera crea una red de hasta 20 centros de investigación con estatus especial, centrados en diez áreas como IA, chips, energía o tecnologías cuánticas. Ganarán margen para contratar personal, comprar equipos y vender sus descubrimientos, durante cinco años prorrogables hasta diez. El texto, sin embargo, no explica cómo se seleccionarán esos centros, algo que el titular de muchas crónicas daba por resuelto.

La segunda medida transforma el Barcelona Supercomputing Center en fundación pública adscrita a la Administración General del Estado. Podrá crear una empresa para comercializar sus resultados.

La tercera es una simplificación administrativa para los contratos de I+D+i, con menos trámites y sueldos más altos para investigadores financiados con fondos externos. Cualquiera que haya trabajado en ciencia en España conoce el peso de la burocracia.

La cuarta es fiscal. La deducción por I+D sube del 12 % al 15 %, y las startups sin beneficios podrán deducir hasta 3 millones de euros al año, frente al millón anterior.

¿De dónde sale el dinero?

El propio decreto no contiene financiación nueva. Se apoya en fondos ya existentes, como la Estrategia Deep Tech España, que moviliza más de 8.000 millones de euros hasta 2030, y en una aportación de 300 millones a las gigafactorías europeas de IA aprobada en junio.

El contexto explica por qué el Gobierno tiene prisa. España dedicó el 1,50 % de su PIB a I+D en 2024, frente a en torno al 2,2 % de media en la UE, y se ha fijado como objetivo el 2,12 % en 2027. Hay que acortar una distancia considerable.

Un decreto en campaña

La validez del decreto es el gran interrogante. Las Cortes están disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre, así que la Diputación Permanente deberá validarlo en un plazo de 30 días. Si no lo hace, o si el próximo gobierno decide modificarlo, la medida podría cambiar o desaparecer.

Sánchez defendió el texto con una idea clara: «Soberanía es no depender de multinacionales ni intereses extranjeros». La aspiración de no quedar a merced de gigantes tecnológicos de fuera es compartida en Europa, donde la Unión ya ha empezado a regular a las grandes plataformas.

Diagnóstico acertado, pregunta sin responder

El diagnóstico es compartido por buena parte de Europa: el continente, y España dentro de él, se ha quedado atrás frente a Estados Unidos y China en las tecnologías que decidirán el poder económico de las próximas décadas. Las medidas de flexibilidad y las deducciones fiscales van en la dirección correcta.

Pero las gigafactorías, los chips y la computación cuántica se construyen con inversiones multimillonarias y sostenidas en el tiempo, no solo con reformas administrativas. Un decreto sin dinero nuevo corre el riesgo de quedarse en gesto más que en palanca. La soberanía tecnológica es un objetivo serio y urgente, y el decreto solo tendrá peso si llega acompañado de presupuesto.

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