Tres vecinos del condado de Effingham, en el estado de Georgia (EE. UU.), han presentado una demanda contra los concejales del condado, su administración, la agencia de desarrollo local, OpenAI y varias de sus filiales. Los demandantes son Michelle Finch-Mincey, Lehman Mincey Jr. y Raymond Carver. Acusan a todos ellos de haber organizado en secreto la llegada de uno de los mayores centros de datos de la compañía y reclaman daños económicos. La demanda se apoya en la ley RICO, pensada originalmente para combatir a la mafia.
El proyecto se llama Camellia. Un centro de datos es una gran instalación llena de ordenadores que hacen funcionar servicios de inteligencia artificial. Según los datos del proyecto, costará entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, se construirá en cinco fases y tendrá una capacidad de cómputo de 3,2 gigavatios, una unidad de potencia eléctrica muy grande.
Acusaciones de acuerdos secretos
La demanda sostiene que los acusados cometieron fraude y ocultación mediante acuerdos de confidencialidad y declaraciones públicas engañosas. Según el texto, el objetivo era que los vecinos no supieran qué se iba a construir hasta que fuera demasiado tarde. Los demandantes hablan de una «conspiración civil para avanzar en el proyecto Camellia mediante negociaciones confidenciales y decisiones a puerta cerrada».
El escrito añade otras acusaciones: transacciones irregulares de terrenos, incumplimientos de las normas urbanísticas y extorsión organizada. En concreto, señala que el condado habría intentado asegurar los terrenos, los incentivos fiscales y los permisos de zonificación sin informar a los residentes hasta que las decisiones clave estaban tomadas y los contratos firmados.
Los vecinos aseguran además que el proyecto ya les perjudica. Afirman que algunas ofertas de compra por viviendas cercanas han bajado o se han retirado desde que se anunció el centro. Es uno de los argumentos centrales de la demanda, porque convierte un debate sobre urbanismo en un daño concreto sobre su patrimonio.
OpenAI, por su parte, ha prometido que el proyecto no encarecerá la factura eléctrica de la comunidad, porque pagará por completo todas las mejoras de infraestructura que necesite. La empresa también asegura que su sistema de circuito cerrado de agua le permitirá gastar muy poca. Son compromisos que, por ahora, solo existen como declaraciones; ningún tribunal se ha pronunciado sobre ellos.
Una ley pensada para la mafia
La ley RICO se creó en Estados Unidos para combatir el crimen organizado, especialmente a la mafia, cuyos jefes solían dejar el trabajo sucio a subordinados. La versión de Georgia es menos estricta que la federal, y por eso se ha aplicado en casos que no tenían nada que ver con la mafia. Uno de los más conocidos fue la causa electoral de 2023 contra Donald Trump y otras 18 personas por intentar revertir los resultados de 2020 en el estado. También se usó en el juicio al rapero Young Thug, acusado de dirigir el sello YSL Records como si fuera una banda criminal.
Los críticos consideran que la ley es demasiado amplia y que se utiliza para presionar a acusados de delitos comunes. El profesor de justicia penal y criminología de la Universidad Estatal de Georgia Volkan Topalli lo resumió así: «Cuando tienes un martillo, todo parece un clavo». Su advertencia cobra sentido en un caso como este, donde la demanda mezcla fraude, urbanismo y crimen organizado en un mismo escrito.
Un problema que se repite
Los acuerdos de confidencialidad no son exclusivos de Effingham. Los promotores de centros de datos los usan, según explican, para no infringir las normas sobre información privilegiada mientras negocian. Sin embargo, en West Feliciana, en Luisiana, un centro de datos se cerró sin recurrir a ellos, lo que muestra que no siempre son necesarios.
En Gilroy, California, un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) también está bajo escrutinio. Allí, los vecinos descubrieron de qué se trataba cuando empezaron las obras, después de un proceso de cinco años de permisos basado en normas urbanísticas de hace 45 años. Son casos distintos, pero coinciden en que la población llega tarde a la información.
Por eso la demanda de Effingham tiene eco más allá del condado. Lo que decida el tribunal podría marcar cómo se negocian los próximos centros de datos en Estados Unidos, y de qué información deben disponer los vecinos antes de que un proyecto de este tamaño se dé por aprobado.




