Las grandes tecnológicas tienen un problema de imagen con los centros de datos, las enormes naves llenas de ordenadores que sostienen la inteligencia artificial. La demanda solo en Estados Unidos será enorme: McKinsey calcula que entre 2024 y 2030 pasará de 25 gigavatios a más de 80 GW, casi cuatro veces más. Y el dinero que se invierte ya pesa en la economía.
Goldman Sachs señala que, en la primera mitad del año pasado, la inversión ligada a la IA aportó casi un punto al crecimiento del PIB estadounidense. «Sin ella, el crecimiento habría estado prácticamente estancado», afirma el banco.
El problema es que nadie quiere uno cerca de casa. Un estudio del centro Pew Research, publicado en septiembre, sitúa las preocupaciones ambientales como principal motivo del rechazo, seguidas del precio de la electricidad en los hogares y de la calidad de vida de quienes viven al lado.
Un rechazo que se extiende
Hay quien confía en que el propio mercado encuentre el equilibrio entre el rechazo social y la necesidad económica. Jeremy Siegel, profesor emérito de finanzas en Wharton, lo resume así: «Si una comunidad rechaza un centro de datos, otra lo acogerá con inversión, empleo e impuestos».
Para Stavros Gadinis, profesor de Derecho en la Universidad de California en Berkeley, esa confianza es ingenua. Gadinis considera que la historia ya ofrece una hoja de ruta para los próximos pasos. Su propuesta arranca con un primer movimiento: hablar con todos los afectados, no solo con los vecinos, sino también con ONG y universidades, y darles una parte real en el desarrollo del proyecto.
El segundo paso corresponde a los grandes inversores, que tienen poder para imponer condiciones antes de poner dinero. Solo cuando esas condiciones se cumplan, las constructoras podrán poner en marcha las obras. El tercero es la rendición de cuentas: demostrar cómo se han respetado esas políticas, qué avances hay y qué aporta el proyecto a la zona.
Texas, el termómetro
La oposición ya es visible en todo el país, incluso en Texas, donde está la empresa de Elon Musk SpaceX, que se fusionó este año con xAI, su compañía especializada en IA. Si en ese estado aparecen conflictos y retrasos en los permisos, Gadinis cree que ese atasco es «posible en cualquier parte».
El académico añade que ni las empresas de inteligencia artificial ni la Casa Blanca quieren ver un bloqueo generalizado. Para él, la capacidad de Estados Unidos para construir potencia de cálculo es una de sus principales ventajas frente a rivales como China, y los centros de datos son una parte esencial de esa capacidad. Por eso, sostiene, hace falta dar pasos para acercar posturas antes de que el choque sea mayor.
La regulación, otra pieza pendiente
En paralelo, el debate sobre las normas se acelera. Los demócratas ganaron con claridad las elecciones de mitad de mandato, lo que probablemente traerá más escrutinio a empresas que han disfrutado de amplia libertad con la Administración Trump. La semana pasada, los mercados cayeron ante esas expectativas, y los analistas lo relacionaron directamente con ellas.
En Washington, algunos fundadores de empresas de IA piden regulación federal. Otros, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insisten en que el Gobierno no será un «escudo legal» para las grandes tecnológicas. Gadinis considera secundario quién mueve primero ficha, siempre que el marco que se construya tenga buenos cimientos. Su pronóstico es que, cuando las buenas prácticas se consoliden, el Gobierno las convertirá en obligatorias para todos.
Para el académico, además, ya es tarde para decidir quién asume la responsabilidad si algo sale mal. La inversión en IA es tan grande en proporción al PIB estadounidense que estas empresas son demasiado grandes para caer, una situación que se consolidó casi de inmediato en 2023. Por eso ve «muy difícil» imaginar que el Estado no actúe como red de seguridad en una crisis, sobre todo porque el propio Gobierno ya considera la IA un asunto de seguridad nacional. Recuerda que las hipotecas basura bastaron para desencadenar la crisis financiera de 2008, y que la IA tiene un peso todavía mayor.
La conclusión de Gadinis es que la regulación llegará porque, quiera cada cual o no, todos están metidos en el asunto. Para él, el reto ya no es evitar el choque, sino decidir con qué reglas se gestiona.




