El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido en defensa del secretario de Comercio, Howard Lutnick, en plena polémica por el escándalo que rodea a Jensen Huang, exconsejero delegado de Nvidia. Lutnick había sido criticado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, por no aplicar con más contundencia las restricciones a la exportación de chips avanzados de IA a China.
Según dos personas informadas de lo ocurrido, Trump cree que vender algunos de esos chips a China mantiene al país dependiente de la tecnología estadounidense y, a la vez, impulsa las acciones de las tecnológicas estadounidenses. El propio Trump lo dijo así: «Lutnick lo hacía porque, si no lo retrasabas, si no hacías algo, podía haber un estallido con China. Ahora mismo tenemos una relación muy buena con China». Las palabras llegaron antes de un viaje de varios días por Asia y de una reunión, el jueves, con el líder chino, Xi Jinping.
El escándalo tiene su origen en la relación de Huang con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, a la que algunos en el Gobierno estadounidense creen reclutada para espiar para China. El 5 de noviembre, Trump reunió en el Despacho Oval a sus colaboradores para hablar de las consecuencias políticas del caso.
Un debate interno sobre Megaspeed
En esa reunión, Bessent cuestionó a Lutnick por qué Megaspeed no había sido añadida antes a la lista de entidades, el registro que limita los negocios con empresas consideradas un riesgo para la seguridad. Rubio y Greer ya estaban de acuerdo en que era lo correcto. Lutnick respondió que haría lo que quisiera el presidente. Trump eligió una tercera vía: que Lutnick preparara una nueva norma provisional para impedir que laboratorios chinos de IA usen chips avanzados a distancia, alquilando potencia de cálculo a centros de datos del sudeste asiático.
La Casa Blanca defiende la medida en un comunicado en el que habla de «frenar el contrabando de chips avanzados de EE. UU.» y de que «los chips más avanzados de Estados Unidos vayan primero a los innovadores estadounidenses, no a empresas pantalla chinas». Un alto funcionario añadió que Trump ha insistido en que las empresas chinas no puedan comprar los chips más potentes de Nvidia, los llamados Blackwell y Rubin, pero sí los de tipo H200, de la generación anterior, que era lo que Megaspeed estaba adquiriendo.
Lutnick, según estas personas, se ha movido con cautela. Megaspeed lleva meses con esos chips, y prohibirle el negocio sería como dar golpes a un topo: cuando sale uno, aparece otro, mientras no se resuelva el problema de fondo, que es el acceso remoto de empresas chinas a chips estadounidenses.
Una norma que salió mal en 2025
En septiembre de 2025, el Departamento de Comercio empezó a aplicar con dureza la llamada regla de filiales, que extiende automáticamente las restricciones comerciales a cualquier empresa que esté al menos al 50 % en manos de otra ya incluida en la lista de entidades. La respuesta de China fue inmediata: suspendió la exportación a Estados Unidos de tierras raras, minerales imprescindibles para fabricar muchos productos. Dentro del Gobierno creció, además, la crítica a Comercio por haber provocado una guerra comercial.
Tras la cumbre de Busan, a finales de octubre de 2025, donde Trump y Xi acordaron una tregua comercial, la Casa Blanca ordenó a Comercio que dejara de aplicar esa regla y que consultara antes de aprobar nuevos controles a la exportación. Una persona cercana a las deliberaciones cree que esa suspensión, casi tan rápida como su aplicación, pudo influir en empresas como Megaspeed.
Así llegaban los chips a China
Megaspeed operaba con un esquema complejo. Aivres, filial de Inspur, el conglomerado chino de servidores que figura en la lista negra, tiene sede en California. Por eso podía comprar legalmente chips de Nvidia sujetos a restricciones y enviarlos al extranjero sin activar las prohibiciones directas de exportación. En total, Aivres transfirió a filiales de Megaspeed chips restringidos por valor de miles de millones de dólares, entre ellos los potentes H200.
Los chips no llegaban a China. Megaspeed tenía sus servidores en centros de datos de Malasia e Indonesia y alquilaba esa potencia de cálculo a grandes empresas chinas. Aivres asegura que cumple todos los controles de exportación de Estados Unidos. Si la nueva norma sale adelante, el Gobierno intentará cerrar esa puerta trasera, la de alquilar desde fuera lo que no se puede vender dentro. La duda es si llegará a tiempo y si Trump, que ve en estas ventas una forma de mantener a China dependiente, la dejará aplicar con todo su alcance.




