El Servicio de Investigación de Seguridad Nacional (HSI), la rama de investigación de ICE que normalmente persigue el crimen transnacional, calcula que ha enviado al menos 185.000 citaciones administrativas desde que empezó la Administración Trump. Lo revela un escrito presentado en una demanda por acceso a la información. Estas citaciones son órdenes que obligan a entregar documentos o datos y que la propia Administración emite sin autorización de un juez.
Para dar una idea de la magnitud, un análisis anterior halló que, entre 2016 y mediados de 2022, los agentes de ICE enviaron unas 170.000 citaciones de un tipo más antiguo, las llamadas citaciones de aduanas, pensadas para revisar documentos de importaciones. El salto es grande. La cifra salió a la luz en una demanda de la Electronic Frontier Foundation, organización de defensa de los derechos digitales, contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La organización quería saber cuántas citaciones se enviaron a tecnológicas y proveedores de internet desde el 20 de enero de 2025, y aún no está claro si los 185.000 se limitan a esas empresas o incluyen muchas más.
Un poder con pocos contrapesos
La diferencia clave con una orden judicial es que el Gobierno no tiene que explicar a un tribunal por qué necesita los documentos ni qué datos concretos pide. Desde que empezó la Administración Trump, el Gobierno ha usado este poder para intentar identificar a críticos anónimos en internet y para pedir registros de clientes de manifestantes. Un caso citado es el de una lista de personas del área de Minneapolis-St. Paul que compraron un gorro verde concreto en la tienda REI.
El propio DHS había sostenido que estas citaciones solo podían usarse para asuntos de aduanas o inmigración. En 2017, el inspector general del departamento reprendió a una oficina de aduanas por intentar usar una para desenmascarar a un usuario anónimo de Twitter. Ahora, la Administración defiende ante los tribunales que, al haber pasado esas competencias al DHS, puede usarlas para un «amplio conjunto de investigaciones» que va más allá de la inmigración y el comercio.
Las críticas y el silencio de ICE
Ron Wyden, senador demócrata por Oregón, lo resume así: «Las cifras que la EFF ha recibido equivalen a un programa de vigilancia interna masiva del Departamento de Seguridad Nacional de Trump». Aaron Mackey, abogado de la EFF, cree que el fuerte aumento puede deberse a que enviar estas citaciones casi no tiene coste: «Lo peor que le puede pasar a ICE es que la empresa que la recibe diga que no va a responder». Si eso ocurre, la agencia puede llevarla ante un juez para obligarla a entregar los datos.
ICE no ha respondido a las preguntas sobre por qué las cifras han crecido tanto respecto a años anteriores. Lo que decida esta demanda marcará cuánto pueden pedir las agencias federales sobre quién usa internet sin que nadie externo lo revise.




