Según un congresista, Nvidia podría rastrear sus chips pese al sector

Nvidia habría dicho en privado que puede cumplir la ley de seguridad de chips que EEUU prepara, mientras su patronal la considera inviable. La compañía nunca lo ha puesto por escrito ni lo ha confirmado en público.

Según un congresista, Nvidia podría rastrear sus chips pese al sector

Nvidia habría dicho en privado a un congresista estadounidense que puede cumplir las medidas para localizar sus chips y frenar su contrabando a China. Según relató Bill Foster, demócrata por Illinois, los representantes de la empresa le dijeron que era técnicamente posible. El mensaje choca con lo que el sector sostiene en público.

Foster, que pertenece a la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, figura entre los impulsores de la Ley de Seguridad de Chips. Esta norma obligaría a verificar dónde están los procesadores avanzados de inteligencia artificial para evitar que acaben en China. Cuando debatieron en detalle esas salvaguardas, los representantes de la compañía respondieron, según el legislador, con un rotundo “sí, claro que podemos hacerlo”.

Un mensaje que no está por escrito

Foster lo matiza con una frase clave: “nunca pusieron nada por escrito”. Por eso, la afirmación no tiene más respaldo que la palabra del legislador. Nvidia no ha respondido a las peticiones de comentarios ni ha confirmado su versión, y tampoco ha dicho nada parecido en público.

Foster explicó además que no preguntó a la empresa por qué no adopta de forma voluntaria estas herramientas si, en teoría, puede hacerlo. Es una pregunta que sigue sin respuesta.

El sector dice que no es viable

La norma vio la luz en mayo de 2025. Quienes la impulsaron defendieron entonces que los medios técnicos ya estaban disponibles, una afirmación que Nvidia jamás había respaldado de forma pública. En marzo de 2026, la patronal de los fabricantes de semiconductores, a la que pertenece Nvidia, rechazó la propuesta y la describió como obligaciones “nuevas, no probadas y potencialmente inviables”.

Para localizar un procesador, la norma contempla tres caminos: visitas de inspección a las instalaciones, compromisos firmados por las compañías o un mecanismo basado en señales. En este último, el procesador envía su ubicación en cuanto se conecta a la red. Es la opción más difícil de burlar y, según un análisis del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de septiembre, también la más económica de las tres.

Lo que Nvidia ya ofrece

Nvidia tiene un producto que apunta en esa dirección. En diciembre de 2025 presentó Fleet Intelligence, una herramienta para que los clientes vigilen cómo rinden sus chips en distintos centros de datos. La empresa confirmó que, con ella, se puede saber en qué país está cada procesador, aunque no ha aclarado si sirve para frenar el contrabando.

Cuando se le preguntó directamente si esa herramienta podía impedir el contrabando, la compañía no respondió. En cambio, envió un comunicado que minimizaba el problema: la desviación de productos estadounidenses controlados era insignificante, una gota en el océano frente a la capacidad de computación que China ya tiene.

El caso Megaspeed y la renuncia de Huang

El debate se ha reavivado tras la renuncia de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia, el 12 de noviembre, después de que trascendieran informes sobre su relación con una directiva de Megaspeed. Megaspeed es una empresa de Singapur que compra a Nvidia y que está bajo investigación penal en Estados Unidos por presunto contrabando de chips a China. La firma afirma que coopera con las autoridades y que cumple las leyes de control de exportaciones.

Ha trascendido, además, que una investigación del Departamento de Comercio sobre Megaspeed pasó al Departamento de Justicia después de que un alto ejecutivo de Nvidia contactara con funcionarios de Comercio. La empresa no ha hecho comentarios sobre ese punto en los términos descritos.

Qué viene después

La Ley de Seguridad de Chips es una de las tres iniciativas sobre seguridad de chips que el Senado estudia incluir en la ley anual de defensa. El escándalo ha reforzado el apoyo de los colegas de Foster a estas normas. “Habrá mucha presión política sobre las empresas para validar bien la ubicación geográfica de los chips”, afirma.

El propio sistema tiene un límite. Si la ley sale adelante tal como está, solo permitiría saber dónde están los procesadores, no desactivarlos si se descubre que han sido desviados. Para cubrir ese hueco, Foster anunció que presentará el año que viene una propuesta más estricta. Exigiría licencias para operar procesadores avanzados y que cada uno verificara su licencia antes de conectarse. Si esa idea prospera, el control de los chips dejaría de ser una cuestión de localización para convertirse en una cuestión de permisos.

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