OpenAI ha firmado con el Gobierno de Chile un memorando de entendimiento para explorar el uso de la inteligencia artificial en la administración pública, formar a funcionarios y apoyar a startups locales. La empresa lo anunció el martes, y la firma corrió a cargo de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la conferencia Silicon Valley & The World, celebrada en California, donde también intervino Sam Altman.
El acuerdo no es un contrato. Es un pacto no vinculante que no compromete ni inversiones ni compras de ninguna de las partes. Qué aporta cada lado quedará por definir más adelante, y las condiciones concretas se acordarán después.
Qué incluye el acuerdo
El primer frente es el propio Ministerio de Ciencia. Las dos partes estudiarán en qué procesos administrativos puede encajar la IA y cómo usarla en el trabajo diario del departamento. OpenAI podría ayudar a adoptar los modelos y ofrecer asesoramiento y formación al personal del ministerio.
El segundo frente es la formación de todo el funcionariado. La idea es combinar un conocimiento práctico de la IA con programas de reciclaje profesional, con talleres y un modelo de «formar a formadores», es decir, enseñar a unos pocos que después enseñen al resto. Los temas propuestos van desde el uso eficaz de las herramientas y la revisión de sus resultados hasta la protección de datos sensibles y el mantenimiento de la supervisión humana.
El tercer frente son las startups. OpenAI y el Gobierno estudian darles acceso a programas y tecnología de la compañía, junto con formación práctica, orientación técnica y mentoría. También se explora conectarlas con universidades e instituciones públicas para que desarrollen aplicaciones alineadas con las prioridades chilenas de desarrollo económico y servicios públicos.
Un plan nacional que ya existía
Chile no parte de cero. El país cuenta desde hace tiempo con una política de IA y un plan de acción de 177 iniciativas coordinadas por 14 ministerios. Esa política establece principios éticos y promueve el talento, la investigación y la adopción responsable de la tecnología. Ya hay formación en marcha para empleados públicos, docentes y estudiantes, y el Gobierno impulsa el uso de la IA en sanidad, transporte, agricultura y seguridad.
Por eso el acuerdo con OpenAI se engancha a un programa existente y no crea una estrategia nueva.
Quién financia y quién empuja
El pacto cuenta con el respaldo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de su programa American SI Exports. Este programa ayuda a las empresas estadounidenses de IA a cerrar negocios en el extranjero, y OpenAI es uno de sus socios principales. Washington también ha impulsado la financiación federal para la exportación de IA estadounidense, algo que conviene tener en cuenta al leer el acuerdo.
Chile es el último país en sumarse a OpenAI for Countries, la iniciativa global de la compañía para ayudar a los gobiernos a aplicar la IA a sus prioridades nacionales. La comparación con otros casos ayuda a medir el alcance. Abu Dhabi firmó este mismo mes cuatro acuerdos con OpenAI que incluyen permisos e inversiones, mientras que Malta acordó en mayo ofrecer ChatGPT Plus gratis a sus ciudadanos. George Osborne, responsable de países en OpenAI, también ha tratado de convencer a Canadá para instalar centros de datos.
Lo que queda por concretar
El siguiente paso será un grupo de trabajo conjunto, formado por el ministerio y OpenAI, que fijará prioridades y un primer plan de trabajo con responsables, hitos y medidas de éxito para cada actividad. Hasta entonces, el alcance económico sigue sin definirse, y también las condiciones de acceso y los recursos que pondrá cada parte.
El acuerdo sí establece que cualquier actividad deberá respetar garantías de privacidad, seguridad de la información y uso responsable. Por ahora, la asociación es más clara en su ambición que en sus compromisos concretos, y el primer plan de trabajo dirá cuánto hay de verdad en ella.




