Nvidia pidió ayuda a las autoridades de Taiwán después de que la Fiscalía de Keelung acusara a uno de sus directivos de participar en el envío ilegal de chips de inteligencia artificial a China. Según personas al corriente del asunto, los representantes de la empresa expresaron su desacuerdo con los cargos contra el directivo, que se apellida Chang, y dijeron que no debería estar bajo investigación.
Los responsables políticos taiwaneses respondieron que no tenían ningún papel en el caso. Nvidia también pidió consejo a TSMC, su principal fabricante de chips, que declinó involucrarse. Además, la compañía no tiene en Taiwán un director de relaciones con el Gobierno y acaba de publicar la oferta para ese puesto.
Qué se le imputa a Chang
Chang fue detenido en julio y acusado en agosto de falsificación y abuso de confianza. Los fiscales lo señalan como la figura central de una red que envió 74 servidores con chips de Nvidia a China. Otros 56 fueron incautados antes de salir del país.
Según la Fiscalía, Chang ayudó a que Nvidia aprobara la venta de 130 servidores a un comprador que no tenía espacio en centros de datos donde instalarlos. Los fiscales sostienen además que ocultó que el pago procedía de una entidad china. Si se le declara culpable, podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión. No ha sido posible contactar con él para que comente la acusación.
La versión de Nvidia
La empresa defiende su actuación en un comunicado enviado a la prensa: «Investigamos este asunto a fondo, como es nuestra práctica habitual, y no encontramos indicios de que nuestro empleado supiera del intento de desvío de empleados de otras empresas».
Nvidia añade que colaboró con las autoridades, como cualquier compañía, para facilitarles la información que pedían y para cuidar de su empleado. Sin embargo, el portavoz de la Fiscalía de Keelung, Chen Po-wen, aseguró que el organismo no sabía nada de los contactos de Nvidia con el Gobierno. Por eso, no está claro a qué petición de información se refería la empresa.
Un movimiento que ya se vio en Washington
El enfoque recuerda a lo ocurrido en Estados Unidos. Allí, el responsable jurídico de Nvidia llamó a un funcionario del Departamento de Comercio por una investigación sobre Megaspeed, una empresa que, según las autoridades, también estaba vinculada a envíos de chips. Esa investigación se detuvo más tarde. Megaspeed niega haber hecho nada malo.
El caso llega además en un momento en el que Taiwán quiere endurecer sus normas. El ministro de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, confirmó el 16 de octubre de 2026 que el Gobierno planea incluir los servidores de IA y los semiconductores más avanzados en su lista de productos controlados. Si el plan sale adelante, enviar esos equipos a China sería un delito según la Ley de Comercio Exterior. Hasta ahora, quien enviaba un bastidor de servidores de IA a un comprador chino no se enfrentaba a una pena penal en la isla.
Un plan todavía sin fecha
La medida aún no es ley. Necesita una reforma legal y el ministro no ha dado ningún calendario. Kung dijo que las medidas sobre determinados productos controlados se corresponderán con las de Estados Unidos, lo que daría más herramientas legales a las autoridades para frenar el contrabando.
El caso de Chang pondrá a prueba algo más básico: si las empresas pueden seguir el rastro de sus productos hasta el comprador final, y cuánto deben implicarse cuando uno de sus empleados aparece en una investigación penal.




