Nvidia ha advertido a sus clientes de que una ley en preparación en Estados Unidos podría exponerlos, junto a la propia compañía, a acciones legales si empresas chinas acceden a sus chips de inteligencia artificial a través de la nube. Según personas con conocimiento directo de esas comunicaciones, que pidieron no ser identificadas, el aviso se ha hecho en privado en los últimos meses.
La norma en cuestión se llama Remote Access Security Act, o RASA por sus siglas. Su objetivo es dar al Gobierno estadounidense más poder para controlar el uso de chips de IA alojados en centros de datos y servicios en la nube, y no solo su venta física. La Cámara de Representantes la aprobó en enero, pero sigue pendiente en el Senado, así que todavía no es ley.
Una norma que llega antes que la ley
El lunes, el Departamento de Comercio de EEUU, a través de su Oficina de Industria y Seguridad (BIS), anunció una norma provisional que impide a empresas chinas acceder de forma remota a chips de IA. Es decir, se cierra una vía por la que estos chips seguían llegando a China sin venderse directamente.
Hasta ahora, los controles se centraban en los envíos físicos. Los servicios en la nube de centros de datos situados fuera de China quedaban en una zona gris, y ahí es donde se mueven las empresas que quieren seguir usando la potencia de Nvidia. La Administración de Trump acusó en julio a la startup china Moonshot AI de acceder a estos chips a través de centros de datos del este de Asia. Ahora, esa misma empresa busca acceso a chips de Nvidia mediante centros de datos en Europa.
Las condiciones que Nvidia pide a sus clientes
Además de la advertencia legal, Nvidia habría trasladado a sus clientes unas condiciones comerciales muy concretas. Según las mismas personas, la compañía no venderá sus GPU, los procesadores gráficos que hacen funcionar la IA, a clientes que alquilen más del 50 % de esa capacidad a empresas chinas.
Nvidia también ha pedido de palabra a los centros de datos que destinen al menos el 51 % de sus servicios a clientes no chinos en los contratos futuros. Estas exigencias no son leyes, sino decisiones internas de la compañía para protegerse, pero en la práctica marcan quién puede comprar sus chips y para qué. Ni Nvidia ni el Departamento de Comercio han respondido a las peticiones de comentario.
Presión política sobre la dirección
La polémica ha llegado también a la cúpula de la empresa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha pedido una «sacudida drástica» en Nvidia tras la salida de Jensen Huang como consejero delegado. Bessent se pregunta si algunos directivos impulsaron «ventas aparentemente ilícitas» para inflar los beneficios, y sugiere que deberían someterse a un escrutinio sobre su cumplimiento normativo.
Huang ha sido citado para comparecer el 3 de diciembre ante la Comisión de Banca del Senado para explicar el cumplimiento de la compañía. Mientras tanto, el RASA sigue en el Senado y el escrutinio no deja de crecer.
Para Nvidia, el riesgo llega por dos frentes a la vez: una ley que todavía no existe y una norma que ya se aplica. Lo que decida el Senado marcará cuánto margen le queda a la compañía para vender chips a clientes con vínculos chinos y a sus socios en la nube.




