Meta no descarta retirar WhatsApp de Canadá si se aprueba la ley C-22

Ante el Senado canadiense, la empresa asegura que la norma es técnicamente imposible de cumplir sin romper el cifrado de sus mensajes. Ahora deja abierta la puerta a abandonar el país, algo que Signal ya ha anunciado.

Meta no descarta retirar WhatsApp de Canadá si se aprueba la ley C-22

Meta, la empresa que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, ha advertido de que podría dejar de ofrecer sus servicios en Canadá si el Gobierno aprueba el proyecto de ley C-22. La advertencia llega en plena ofensiva de la industria tecnológica contra la norma, que ya fue aprobada por la Cámara de los Comunes en junio y solo tiene que superar el Senado para convertirse en ley.

La ley, conocida como Ley de Acceso Legal, permitiría a las autoridades obligar a las empresas de comunicaciones a modificar sus sistemas para que la policía y los servicios de inteligencia puedan interceptar mensajes. El punto más polémico está en la segunda parte del texto. Autoriza órdenes ministeriales confidenciales y obliga a guardar durante hasta seis meses metadatos sensibles de los usuarios, como los registros de conexión y las direcciones IP.

Una puerta que no se puede abrir solo para la policía

Para entender el choque hay que saber cómo funciona el cifrado de extremo a extremo. Los mensajes se cifran en el dispositivo del emisor y solo se descifran en el del receptor, de modo que ni siquiera la empresa que gestiona la aplicación puede leerlos. Por eso los criptógrafos y los defensores de la privacidad sostienen que no es posible crear un acceso exclusivo para las autoridades. Si se construye un mecanismo de interceptación, dicen, tarde o temprano lo encontrarán y lo aprovecharán ciberdelincuentes y espías extranjeros.

El Gobierno ha intentado responder con enmiendas que prohibirían las órdenes que exijan una vulnerabilidad sistémica. Sin embargo, buena parte del sector considera que esa definición es vaga y que deja protecciones esenciales abiertas a interpretación.

Una exigencia «técnicamente imposible»

Durante la comparecencia del lunes ante el Comité Permanente de Seguridad Nacional, Defensa y Asuntos de Veteranos del Senado, Meta fue directa. Robyn Greene, directora de privacidad y política pública de la compañía, lamentó que el Gobierno estaría imponiendo una ley que «no es técnicamente viable de cumplir y, al mismo tiempo, ofrecer servicios cifrados de extremo a extremo seguros a los canadienses».

Cuando los senadores preguntaron si la norma podría llevar a Meta a retirar sus servicios del país, Rachel Curran, responsable de políticas públicas de la empresa en Canadá, no cerró la puerta. Dijo que la compañía tendría que «revisar todas nuestras opciones» y reconoció que marcharse es algo que tendría que «considerar». Antes, Curran había calificado de línea roja cualquier debilitamiento de la seguridad de sus sistemas y había advertido de que la ley convertiría a las plataformas privadas en un brazo del aparato de vigilancia del Estado.

Meta no está sola. Google ha avisado de que la norma podría romper el cifrado de extremo a extremo, y Apple ha alertado de que estos poderes ponen en riesgo la seguridad de sus clientes. La aplicación de mensajería Signal ha anunciado que preferiría abandonar Canadá antes que debilitar su protocolo. Signal y la empresa Tailscale también han comparecido ante el comité para presentar sus objeciones.

La presión llega también desde proveedores más pequeños. Windscribe, una empresa canadiense de VPN, ha asegurado que no cambiará su política de no guardar registros de sus usuarios. Por su parte, los grupos de defensa de los derechos digitales piden al Gobierno que corrija el texto y han pedido a las autoridades europeas que intervengan.

Un último obstáculo antes de la votación

El comité del Senado es el último trámite legislativo antes de una posible aprobación definitiva. Las plataformas apuestan a que la amenaza de retirar servicios presione a los legisladores para modificar el texto antes de que se vote. El Gobierno de Mark Carney, que ya afronta crecientes críticas de colectivos de derechos digitales y de empresas tecnológicas, tendrá que decidir si mantiene la norma tal como está o si acepta cambios para evitar que millones de usuarios pierdan herramientas de mensajería cifrada.

Lo que está en juego es si Canadá conserva aplicaciones con cifrado total o si acepta un acceso que, según el sector, no podría limitarse solo a la policía y que dejaría a todos los usuarios más expuestos.

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