Meta, Google y Apple plantan cara a la ley de datos de Carney

El Gobierno canadiense quiere que las empresas guarden los datos de sus usuarios y los entreguen a la policía. Meta, Google y Apple le han plantado cara, en un pulso que arrastra años de choques con las tecnológicas.

Meta, Google y Apple plantan cara a la ley de datos de Carney

El Gobierno del primer ministro Mark Carney se enfrenta a una fuerte presión de las grandes tecnológicas por la Ley C-22, una norma de seguridad que obligaría a las empresas a conservar información de sus usuarios y entregar datos a la policía. Meta, Google y Apple están en el centro de la oposición, en un momento en que Canadá ya lleva años enfrentada a las plataformas digitales.

El choque no es nuevo. El caso más visible es el de las noticias, y en él ya se ven las estrategias de las empresas cuando sienten que una ley les obliga a pagar o a cumplir.

Meta lleva tres años sin enlaces a medios

En agosto de 2023, Meta bloqueó los enlaces a noticias de medios canadienses en Facebook e Instagram, como respuesta a la Ley de Noticias en Línea (Online News Act). La norma busca que las plataformas negocien y compensen a los medios cuando su periodismo circula por sus redes. Meta alegó que los medios publicaban enlaces voluntariamente, a cambio de lectores e ingresos publicitarios, y advirtió de que prefería retirar las noticias antes que aceptar una responsabilidad económica sin límite.

Más de tres años después, el bloqueo sigue en vigor. Los canadienses no pueden compartir normalmente enlaces de medios reconocidos, y los usuarios recurren a capturas de pantalla y textos copiados. El Gobierno dice que su puerta está abierta y ha mantenido conversaciones preliminares con la compañía. Según documentos del Ministerio de Patrimonio Canadiense, Meta se ha mostrado interesada en pagar por usar periodismo canadiense en sus productos de inteligencia artificial, siempre que obtenga una exención y más seguridad jurídica. Aun así, a 4 de noviembre no hay acuerdo, ni oferta económica pública, ni calendario.

El coste humano del bloqueo se notó con los incendios de agosto de 2023 en los Territorios del Noroeste y la Columbia Británica. Los residentes que seguían los grupos de Facebook no podían compartir enlaces de medios que explicaban rutas de evacuación y cortes de carretera. El Gobierno acusó a Meta de anteponer sus intereses corporativos a la seguridad pública. Meta respondió que los canadienses podían recibir información de emergencia directamente de las autoridades y de organizaciones comunitarias.

Google firmó y Meta no

Google tomó otro camino. Amenazó con retirar las noticias canadienses de su buscador, pero en noviembre de 2023 llegó a un acuerdo con Ottawa. La empresa paga una cantidad anual a un colectivo, la Canadian Journalism Collective, que la reparte entre quienes cumplen los requisitos. A cambio, el regulador CRTC le concedió cinco años de exención de la negociación obligatoria. La aportación inicial fue de 100 millones de dólares, ajustada a la inflación, y el fondo recibirá 102,5 millones en su segundo año, según la última auditoría independiente del CRTC.

Meta, en cambio, sostiene que al dejar de publicar noticias ya no es un intermediario de noticias digitales cubierto por la ley. Mientras tanto, un grupo de emisoras de televisión independientes ha pedido al CRTC que obligue a Meta a negociar. Alegan que la compañía sigue difundiendo noticias por vías como capturas, vídeos o enlaces que escapan a sus controles. Meta responde que el contenido que se cuela de vez en cuando no la convierte en un intermediario regulado. El CRTC no ha dictado una decisión final.

La presión de Estados Unidos complica el pulso. Washington considera la Ley de Noticias en Línea un obstáculo para sus empresas digitales, y grupos del sector tecnológico estadounidense piden su derogación. Ottawa defiende la norma, aunque ningún documento público muestra que Canadá haya aceptado eliminarla o debilitarla en las negociaciones comerciales.

Streaming: el Gobierno cambia de rumbo

El caso de las plataformas de streaming, como Netflix o Spotify, sirve de termómetro. El regulador había anunciado que estas plataformas debían aportar el 15 % de sus ingresos canadienses, unos 200 millones de dólares, a la financiación de la producción audiovisual. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se opone con firmeza a esa ley, y Carney frenó la medida. En su lugar, anunció que el Estado aportará 600 millones de dólares de los contribuyentes para compensarla. Carney dijo que la decisión buscaba proteger a los consumidores de subidas de tarifas, y negó que fuera una concesión a los estadounidenses.

Para Peter Menzies, comentarista de medios y antiguo vicepresidente del CRTC, la decisión marca el fin de la idea de «cobrar a las grandes tecnológicas». Advierte además de que el Gobierno decidirá cada año cuánto dinero aporta, lo que convierte un sistema antes estable en algo dependiente de la política. Su conclusión es dura: Canadá estaría retrocediendo.

Carney también intenta reforzar la autonomía de Canadá en tecnología. Junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido una alianza con la Unión Europea para que ni gobiernos extranjeros ni tecnológicas dicten las decisiones del país. «Nos permite vivir nuestras vidas como elegimos», dijo Carney al explicar por qué importa la soberanía. Además, anunció que Canadá invertirá hasta 1.600 millones de dólares canadienses (unos 1.100 millones de dólares estadounidenses) en Cohere, una empresa canadiense de inteligencia artificial.

Lo que está en juego es quién decide sobre los datos y las noticias de los canadienses: el Gobierno, las empresas extranjeras o la propia sociedad. La Ley C-22 pondrá a prueba esa pregunta, y la respuesta de Meta, Google y Apple marcará cuánto margen tiene Ottawa para imponer sus reglas.

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