Las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos no giraron en torno a la reparación de aparatos, pero varios candidatos de distintos partidos la pusieron en su programa. Es el caso del senador electo de Iowa Josh Turek y de Jake Johnson, que aspira a un escaño en la cámara de representantes de Minnesota y cuyo resultado aún no está claro: su carrera puede acabar en recuento. Ambos centraron sus propuestas en problemas que afectan a los agricultores y a su maquinaria.
En Saint Paul, la capital de Minnesota, los votantes aprobaron además con un apoyo mayoritario una medida que garantiza el derecho de los inquilinos a reparar lo que tienen en casa.
Un movimiento que atraviesa a los partidos
El movimiento por el derecho a reparar presiona a los legisladores para que las empresas no puedan impedir a sus propios clientes arreglar los aparatos que compran. Sus apoyos son muy variados: consumidores, agricultores y personas que usan sillas de ruedas. Por eso suele generar acuerdos entre partidos.
«Un clima político en el que la gente quiere normas que defiendan al ciudadano de a pie, reduzcan gastos innecesarios y funcionen con acuerdo entre partidos: es un entorno muy bueno para el derecho a reparar», afirma Nathan Proctor, director de la campaña de derecho a reparar de PIRG, en un mensaje de texto.
Un malestar que va más allá de la tecnología
El descontento se suma a la indignación por el encarecimiento de casi todo. Aranceles, escasez de memoria y una guerra con Irán muy impopular han disparado los precios, según recoge el texto. A la vez, crece el enfado contra las empresas que convierten productos en suscripciones o usan cerrojos de software para impedir que la gente los modifique o los arregle.
Kevin O’Reilly, director ejecutivo de Fulu, un grupo que defiende la propiedad digital de los consumidores, ve un paralelismo claro con lo que votaron las urnas: «Hay mucho motivo para la ilusión. La gente quiere que las cosas sean más asequibles, que la política polarice menos y que el Congreso resuelva los problemas que les afectan».
La ley que está en el centro del problema
El obstáculo principal es la sección 1201 de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA), aprobada en 1998. Esa norma prohíbe saltarse los cerrojos digitales y permite a las empresas castigar a quien lo haga, con posible pena de cárcel. Los defensores de la reparación llevan años criticándola, porque las compañías la han usado para impedir que los usuarios arreglen sus dispositivos sin acceso al software del fabricante.
Para estos grupos, el nuevo Congreso es el blanco legislativo más claro en décadas. O’Reilly lo resume así: «Si fuera un miembro nuevo o que vuelve al Congreso, vería la reforma de la DMCA como algo evidente».
La presión sobre el Congreso crece, y reformar esa norma sería el paso más directo para que la reparación deje de depender de la buena voluntad de cada fabricante.




