La Comisión Europea ha presentado un borrador de la Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés), una norma que busca frenar las prácticas que empujan a los usuarios a gastar más dinero y más tiempo en internet. Afecta a videojuegos, redes sociales y comercio electrónico. El propio Ejecutivo comunitario calcula que los consumidores europeos podrían ahorrarse 13.700 millones de euros al año.
Entre las prohibiciones está la de los llamados patrones oscuros, trucos de diseño que llevan a tomar decisiones que no se tomarían de otro modo. Bruselas pone como ejemplo los avisos falsos de que un producto está casi agotado. También quiere vetar las cajas de botín de los videojuegos, en las que el jugador paga por objetos aleatorios, cuando se ofrecen a menores.
Qué cambiaría para los usuarios
Los usuarios podrán desactivar las funciones diseñadas para engancharlos, como los avisos insistentes, el desplazamiento infinito o la reproducción automática de vídeos. La norma también alcanza a los chatbots de compañía y a otros asistentes conversacionales de IA, que deberán cumplir las mismas reglas sobre diseño adictivo.
En el caso de los menores, el borrador prohíbe mecánicas parecidas al juego de azar y los sistemas de pago para ganar o avanzar, conocidos como «pay-to-win» y «pay-to-progress». Algunas organizaciones del sector del videojuego ya han criticado la propuesta. La consideran «inviable, injustificada y desproporcionada», sobre todo en lo que toca a las monedas virtuales y las microtransacciones.
Los influencers tendrán que señalar con claridad cuándo un contenido es publicidad y no podrán aprovechar la confianza de los niños. Además, se limitarían los anuncios y precios personalizados que apunten a menores o se aprovechen de datos sensibles. En las suscripciones, las empresas deberán facilitar la baja y avisar antes de una renovación automática o del fin de una prueba gratuita.
Precios claros y atención humana
Las empresas tendrán que mostrar precios transparentes, sobre todo cuando se usan monedas virtuales dentro de los juegos. En las colas virtuales para comprar entradas de eventos culturales y deportivos, deberán enseñar el precio actual en tiempo real. El usuario también tendrá derecho a hablar con una persona en el servicio de atención al cliente y a unas reglas claras cuando sea un agente de IA quien compre en su nombre.
Quién vigilaría el cumplimiento
Hoy la vigilancia depende de cada país, lo que genera un mosaico de criterios. El borrador propone que la Comisión tenga poder directo para investigar los casos de gran alcance y coordinarse mejor con los Estados miembros. También reforzaría la vigilancia sobre las empresas no europeas. Algunos observadores ven en el movimiento un intento de quitar poder a Irlanda, sede de Apple, Google, Meta y Microsoft. Un reciente informe de expertos de la ONU ya expresó dudas sobre la independencia del regulador irlandés de privacidad, por el riesgo de «influencia indebida» de las tecnológicas que tienen allí su base.
La propia Comisión insiste en que la norma no busca frenar los negocios. El comisario europeo de Consumo, Michael McGrath, lo resume así: «No estamos haciendo más difícil hacer negocios. Estamos haciendo más difícil hacer negocios de forma injusta». Las multas podrían alcanzar el 6 % de su facturación mundial anual, pero aún es un texto sujeto a cambios. Tendrá que pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que pueden modificarlo o eliminar algunas medidas. Si sale adelante, obligará a las grandes plataformas a rediseñar buena parte de sus funciones para los usuarios europeos.




