La Policía del Reino Unido ha endurecido su ofensiva contra el streaming ilegal. Ya no se limita a perseguir a quienes venden los Fire TV modificados: ahora revisa las cuentas bancarias de esos distribuidores para encontrar a quienes les han pagado. Con ese rastro, los investigadores contactan con los usuarios finales y les advierten de que cometen un delito.
Amazon fabrica el Fire TV con total legalidad, como reproductor que se engancha a la televisión. El problema aparece cuando se modifica mediante jailbreak o sideloading, es decir, cuando se le instalan aplicaciones ajenas a la tienda oficial, como el reproductor Kodi, y suscripciones a servicios IPTV. Estas plataformas ofrecen canales en vivo, partidos y películas o series a la carta, pero sin abonar nada a quienes poseen esos derechos.
El exdetective Rav Wilding, que coordina sus advertencias con la Federation Against Copyright Theft (FACT), explica que los investigadores piden acceso a los registros financieros de los distribuidores. Desde ahí, siguen la pista de cada transferencia hasta llegar al comprador. Según Wilding, quien haya desembolsado dinero por estos aparatos o suscripciones podría recibir uno o dos avisos antes de que la policía pida explicaciones.
Un rastro que muchos creían invisible
Según las estimaciones de los propios investigadores, la práctica llega a hasta cuatro millones de personas u hogares en el país. La secuencia que sigue la policía es siempre la misma. Primero identifica, detiene o investiga a los vendedores. A continuación, examina sus extractos para dar con los compradores que les pagaron, ya fuera por los aparatos o por las suscripciones.
Compañías como Sky han pasado a los agentes datos sobre las pérdidas que sufren por esta vía. El proceso no es inmediato ni masivo, pero está en marcha y se apoya en algo que las transacciones electrónicas dejan siempre: un historial. Durante años, el usuario de un Fire TV pirata se sintió protegido por la distancia entre su salón y el vendedor. Esa sensación de anonimato se resquebraja ahora.
Qué riesgo corre el comprador
La ley aplicable es la Sección 11 de la Fraud Act 2006, que castiga a quien obtiene servicios «sin ningún pago» o «sin el pago completo». Las penas pueden incluir multas elevadas y, en casos extremos, prisión, tanto para vendedores como para usuarios. Sin embargo, los procesamientos individuales siguen siendo poco frecuentes.
Lo habitual es que el usuario reciba una carta de cese y desistimiento o una visita policial. La FACT ya ha contactado con más de mil personas en el Reino Unido para pedirles que dejen de usar estos servicios. La operación a gran escala se llama Operation Eider y en ella participan fuerzas policiales de todo el país junto a la FACT.
Es importante distinguir entre el aparato y su uso. Ser dueño de un Fire TV modificado no es delito. Usarlo para ver contenido de pago sin licencia, sí lo es.
Por qué importa
La estrategia cambia la forma de medir el riesgo. Hasta ahora, la persecución se centraba en quien vendía la caja. Ahora, cada transferencia puede convertirse en una prueba. Para el aficionado al fútbol que paga una suscripción pirata, la pregunta ya no es si alguien lo verá, sino cuándo llegará la carta. Para la industria del deporte y la televisión, es la señal de que el dinero que sostiene el negocio ilegal también se puede seguir.




