Estados Unidos sufrió dos golpes tecnológicos en apenas 48 horas. El 12 de noviembre, un fallo de Microsoft 365 dejó sin correo a empresas de todo el país y frenó buena parte de la actividad económica. Al día siguiente, la Administración Federal de Aviación (FAA) paralizó durante casi cuatro horas todos los vuelos del país, lo que obligó a cancelar miles de viajes.
Los dos sucesos no tienen una relación técnica directa, pero según Mark Hoffman, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, comparten un mismo problema: la llamada deuda tecnológica. Es el coste de modernizar equipos y programas que nadie ha actualizado y que se va aplazando una y otra vez. Hoffman, que da clases a directores financieros y miembros de consejos de administración, la compara con una deuda bancaria que no aparece en ningún balance.
Una deuda que crece en silencio
La comparación financiera es sencilla. El coste de la modernización pendiente sería el capital de la deuda. Los parches improvisados, los sistemas que ya no admiten arreglos y las caídas son los intereses que se pagan cada día. Y el problema es que estos intereses son variables: en tiempos tranquilos parecen baratos, pero se disparan de golpe cuando llega un fallo público, y entonces los pagan los clientes y los ciudadanos.
En el caso de la FAA, el problema no era desconocido. Tras la caída del sistema de avisos NOTAM en 2023, la propia agencia evaluó sus 138 sistemas y concluyó que 51 eran insostenibles y otros 54 podían serlo. De ellos, 58 estaban catalogados como críticos. En septiembre de 2024, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) confirmó que la FAA iba lenta actualizando los sistemas más importantes. El aviso existía, pero nadie actuó.
Qué propone el Gobierno
El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha advertido de que habrá más episodios como este si no se modernizan los sistemas. Tras la parada, pidió 50.000 millones de dólares para renovar el control aéreo, aunque el Congreso ya aprobó fondos para ese fin en 2025.
Hoffman propone que el Departamento de Transporte publique cada año un inventario de esta deuda, con la antigüedad de cada sistema crítico, el soporte que recibe de su proveedor, su historial de caídas y si existe un plan financiado para arreglarlo. Pide también calcular cuánto costaría cambiarlo y cuánto cuesta a la economía no hacerlo. Y, como una entidad no puede auditarse a sí misma, sugiere que la GAO o un panel independiente emitan una opinión externa sobre el estado de esos sistemas.
El problema también está en las empresas
Hoffman advierte de que el caso de la FAA no es solo un fallo del Gobierno. Microsoft es una de las empresas de ingeniería más sólidas del mundo y aun así sus sistemas cayeron. En la empresa privada, según el autor, la situación puede ser peor, porque los consejos aprueban presupuestos para inteligencia artificial y la nube sin saber qué sistemas frágiles sostienen su estrategia.
Por eso propone que los consejos hagan tres preguntas a sus directivos: cuál es la deuda tecnológica sin financiar en los sistemas más críticos, cuánto cuesta mantenerla cada año y en qué escenario pasa de ser manejable a convertirse en una catástrofe.
El autor resume su tesis con una idea sencilla: nadie aceptaría pedir un préstamo sin reflejarlo en el balance, pero las cuentas tecnológicas de empresas y gobiernos funcionan así. Mientras esa deuda siga fuera de los libros, según Hoffman, los fallos públicos seguirán llegando.




