El Gobierno de Donald Trump ha anunciado una nueva norma para frenar una vía que, según muchos en Washington, permitía a China seguir usando los chips de inteligencia artificial más avanzados pese a las prohibiciones. La medida se centra en los centros de datos situados fuera de China que alquilan su potencia a empresas chinas. El anuncio llega días antes de que el presidente viaje a China para una cumbre económica con Xi Jinping.
Hasta ahora, las empresas chinas tenían vetada la compra directa de los chips más potentes, como los que fabrica Nvidia. Sin embargo, nada les impedía alquilar esa misma potencia a centros de datos del sudeste asiático y de otros lugares. Ese servicio es legal en esos países, y en la práctica servía para esquivar la prohibición del Departamento de Comercio.
Qué exige la nueva norma
La regla afecta a los centros de datos extranjeros que suministran volúmenes significativos de capacidad de cálculo a empresas con sede en un grupo reducido de países de alto riesgo, entre ellos China, Rusia e Irán. Esos centros deberán además investigar a sus clientes, es decir, comprobar quiénes son antes de dejarles usar los chips.
Además, exportar chips avanzados a empresas con sede en Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia o Brasil requerirá licencia. La Administración considera que esos países tienen un riesgo de contrabando superior al normal. La disposición entrará en vigor dentro de 90 días.
El Departamento de Comercio ha explicado en un comunicado que la norma busca que las restricciones sobre tecnología sensible de Estados Unidos no puedan burlarse mediante el acceso remoto. Según el texto, su objetivo es «garantizar que las restricciones existentes no puedan eludirse mediante acuerdos de computación remota con centros de datos en terceros países». En la práctica, el departamento quiere equiparar las reglas del acceso remoto con las que ya regulan el envío físico de esa tecnología.
Un debate dentro del Gobierno
La medida es fruto de una pugna interna. El anuncio afirma que la norma fue escrita «por encargo y bajo la dirección» del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional, dos organismos que llevaban meses presionando para endurecer las reglas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el representante comercial, Jamieson Greer, han intentado recuperar restricciones amplias sobre los centros de datos, preocupados por que los chips avanzados de Nvidia acaben en China.
Frente a ellos se ha opuesto el secretario de Comercio, Howard Lutnick, responsable de la política de exportación de chips. Lutnick defendía una versión más ligera, menos gravosa para Nvidia y para los centros de datos extranjeros.
La tensión estalló el viernes, cuando Bessent culpó en una entrevista televisiva al departamento de Lutnick de no haber sancionado a Megaspeed. Dijo que otros departamentos lo habían pedido, pero que Comercio «tiene la pluma». Añadió que Nvidia debería «rendir cuentas» si no hace lo suficiente para evitar el desvío ilegal de chips a China.
El caso Megaspeed
El asunto ha ganado peso en las últimas semanas por Megaspeed, una empresa de centros de datos de Singapur. Las autoridades estadounidenses investigan a la compañía por presunto contrabando de chips a China. Según esas autoridades, la fundadora de la empresa es un activo de los servicios de inteligencia chinos, una acusación que no ha sido probada en el procedimiento que se describe.
El negocio de Megaspeed, operar centros de datos en el sudeste asiático que dan servicio remoto a clientes chinos, es legal. Por eso, las empresas chinas bloqueadas para comprar chips de Nvidia pueden alquilarlos a otras firmas de la región. El escándalo ha convertido a los centros de datos extranjeros en un tema de debate en los niveles más altos del Gobierno, justo cuando Nvidia atraviesa su propio terremoto interno: su consejero delegado, Jensen Huang, fue apartado del cargo la semana pasada.
La industria defiende que las ventas crean empleo en Estados Unidos y mantienen a las empresas de todo el mundo ligadas a la tecnología estadounidense. Pero algunos cargos de la Administración y del Congreso creen cada vez más que el acceso chino a esos centros ha socavado los controles de exportación y ha permitido que el ecosistema chino de inteligencia artificial prospere. Temen que eso dé a Pekín una ventaja económica y también militar.
Antecedentes y reacción de Pekín
Antes de abandonar el cargo, la Administración de Joe Biden aprobó normas globales sobre la venta de chips, que incluían límites al acceso remoto de empresas chinas a centros de datos. Los responsables de Trump anunciaron que dejarían de aplicarlas tras la victoria del republicano en las elecciones, y en mayo de 2025 las derogaron de forma oficial.
Desde entonces, distintos borradores de normas han cobrado fuerza dentro del Gobierno, solo para ser frenados por sus opositores. Esta vez la propuesta ha salido adelante.
Las acciones de los grandes fabricantes de chips, entre ellas Nvidia, Intel, Broadcom, Micron y AMD, cayeron con fuerza en la preapertura del lunes.
Trump viaja esta semana a Asia y llegará a China el miércoles. Las conversaciones previstas abordarán la guerra en Irán, la no proliferación nuclear y el comercio. Un alto cargo de la Administración, que habló en una llamada informativa bajo condición de anonimato, aseguró que no espera represalias chinas. Recordó que Pekín ha afirmado públicamente que no participa en el contrabando de chips. Otro responsable insistió en que el caso de Nvidia no influirá en el viaje y que los controles de exportación son una cuestión de seguridad nacional que no se negocia con China.
Queda por ver si la norma provocará una reacción de Pekín. Los analistas coinciden en que su eficacia dependerá sobre todo del Departamento de Comercio, que deberá aplicarla, y todavía no está claro cómo lo hará. Lo que se decida en los próximos meses determinará si el resquicio se cierra de verdad o si, como ha ocurrido otras veces, el alquiler remoto de chips seguirá siendo una forma legal de llegar a la tecnología más avanzada.




