Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá en 2016 y 2017, según ha dictaminado el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas. La sentencia da la razón a Gambia, que llevó el caso ante el tribunal en 2019 por las «operaciones de limpieza» militares contra esta minoría musulmana.
El fallo pone también el foco en Facebook. Según el tribunal, las publicaciones del ejército en la red social «deshumanizaron» a los rohinyás y, en ocasiones, «alentaron y legitimaron la violencia» contra ellos. Facebook era entonces la plataforma más popular de Myanmar, y los militares se apoyaron mucho en ella.
Una publicación antes de la masacre
El tribunal se apoya en un informe del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM). Según ese documento, una publicación del ejército, lanzada poco antes de las masacres del 25 de agosto de 2017, desató «una avalancha de odio público». Más de 200 comentarios pedían que los rohinyás fueran «disparados, asesinados, exterminados o eliminados permanentemente de Myanmar».
Después, Facebook eliminó páginas vinculadas a los militares que contenían miles de publicaciones con mensajes de odio contra los rohinyás, escritas entre julio y diciembre de 2017. La medida llegó tarde: el daño ya estaba hecho en las aldeas de Rakhine.
Amnistía Internacional, en un informe de 2022, sostuvo que la plataforma «amplificó y promovió de forma proactiva» contenidos que incitaban a la violencia, al odio y a la discriminación contra los rohinyás. La organización recuerda que activistas de derechos humanos habían advertido de ello en repetidas ocasiones. La propia compañía admitió en 2018 que no había hecho lo suficiente para evitar la incitación a la violencia en Myanmar. Después adoptó una política corporativa de derechos humanos que incluye un informe anual sobre su impacto en esos derechos. Meta, la empresa matriz de Facebook, no había respondido de inmediato a las peticiones de comentario.
Lo que dice el fallo sobre el genocidio
La votación ha sido ajustada. Por nueve votos contra seis, el tribunal concluye que Myanmar «ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el estado de Rakhine septentrional». Por 11 votos a cuatro, considera que el país incumplió su obligación de castigar el genocidio, y por 14 votos a uno, que no incitó públicamente a cometerlo.
El juez Yuji Iwasawa, presidente del tribunal, describió una «destrucción de pruebas extensiva»: cuerpos quemados o eliminados de otras maneras y lugares arrasados con excavadoras donde se llevaron a cabo las operaciones. Por 11 votos a cuatro, el tribunal considera además que Myanmar incumplió una orden de enero de 2020 para preservar las pruebas. Iwasawa afirmó también que el país no ha investigado, juzgado ni castigado a los responsables, incluidos los comandantes, de los delitos recogidos en la Convención contra el Genocidio.
Myanmar niega las acusaciones y sostiene que su actuación era una respuesta a los ataques de grupos armados.
Compensaciones y garantías
El tribunal ha decidido, por 10 votos contra cinco, que Myanmar debe compensar al grupo rohinyá y a sus miembros por haber incumplido sus obligaciones de prevenir el genocidio. La cuantía y las modalidades de esa compensación se fijarán más adelante, en una fase posterior del procedimiento.
El país también deberá dar garantías de que no repetirá las violaciones y, en un plazo de dos años desde la sentencia, presentar un informe sobre cómo aplicará las medidas de restitución. Iwasawa precisó que la restitución debe ser proporcional a los daños causados.
Human Rights Watch habla de un «reconocimiento largamente esperado» del sufrimiento que los rohinyás han padecido a manos del ejército. Su asesora senior en justicia internacional, Maria Elena Vignoli, asegura que el fallo sienta «un precedente significativo para las víctimas de genocidio y otros crímenes graves en todo el mundo». Vignoli pide también a Myanmar que cumpla la sentencia y ponga fin a su opresión, y a los gobiernos extranjeros que garanticen el regreso seguro y voluntario de los refugiados.
El conflicto provocó la huida de más de 700.000 rohinyás a Bangladés en 2017.
Las figuras clave: Suu Kyi y Min Aung Hlaing
Aung San Suu Kyi, entonces jefa de Estado, estaba al frente del gobierno cuando se cometieron la mayoría de los actos citados en la sentencia. Además, decidió encabezar la defensa de Myanmar en La Haya. Tenía poco control sobre las fuerzas armadas, pero tampoco criticó sus acciones. En cambio, calificó de «un iceberg de desinformación» la información sobre la violencia. Su imagen internacional queda muy dañada por el fallo, aunque las fuerzas armadas la derrocaron y la encarcelaron después.
Min Aung Hlaing, comandante de las fuerzas que lanzaron los ataques y hoy líder militar y jefe de Estado en disputa, es quien más responsabilidad tiene según los analistas. El tribunal, sin embargo, no consideró genocidas las declaraciones inflamatorias que hizo en septiembre de 2017, en plena operación. Su reputación ya estaba muy deteriorada desde el golpe de Estado de 2021, y el fallo llega cuando intentaba recomponer su imagen internacional.
Lo que viene ahora es la publicación del texto completo de la sentencia, que aclarará qué significa exactamente la restitución, y el cálculo de las compensaciones, aplazado por el tribunal. Para Facebook y otras plataformas, el caso deja un precedente sobre la responsabilidad de las redes sociales cuando sus herramientas sirven para incitar a la violencia.




