La Comisión Europea ha presentado la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), un paquete de normas para proteger a los consumidores de las prácticas online que los manipulan. Entre las empresas que tendrían que cambiar su forma de trabajar aparecen aplicaciones tan cotidianas como Duolingo o Strava, y plataformas de venta de entradas como Ticketmaster.
La propuesta prohíbe los llamados patrones oscuros, trucos de diseño que empujan a decidir algo que no se habría decidido por propia voluntad. El ejemplo que pone Bruselas es sencillo: afirmar falsamente que un producto se está acabando para meter prisa a la compra.
Precios, anuncios y menores
El texto también frena la fijación dinámica de precios por parte de las vendedoras de entradas, es decir, los precios que suben o bajan según la demanda. Los distribuidores tendrán que mostrar en tiempo real cuánto va a pagar realmente el comprador. Los influencers, por su parte, deberán avisar cuando un contenido esté pagado por una marca.
La norma va más allá con los menores y con los datos sensibles: prohíbe la publicidad personalizada y los precios personalizados que vayan dirigidos a menores o que aprovechen la vulnerabilidad de las personas. En los videojuegos, las cajas de botín que imitan a las apuestas y los mecanismos que presionan para pagar y avanzar quedarían restringidos para los jugadores jóvenes. Para los adultos, en cambio, seguirían permitidos.
Darse de baja y hablar con una persona
Las suscripciones digitales tendrían que ser más fáciles de cancelar. Según el texto, los usuarios recibirían un aviso antes de que una prueba gratuita se convierta en un cobro, y las renovaciones automáticas exigirían una decisión consciente en lugar de convertirse en una obligación olvidada.
También se reconoce el derecho a hablar con una persona en el servicio de atención al cliente, en lugar de quedarse atrapado con un chatbot. Y los usuarios podrán desactivar funciones adictivas como la reproducción automática de vídeos o las rachas, que usan apps como Strava y Duolingo para mantener el interés.
Un paquete con varias piezas
La ley no llega sola. Va de la mano de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que ya obliga a plataformas grandes a controlar sus riesgos, y de la Ley de Mercados Digitales (DMA), además de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). Bruselas insiste en que la intención es llenar huecos y no duplicar normas que ya existen.
El mismo día, la Comisión también ha propuesto cambios para que pueda investigar y multar directamente los casos que afectan a consumidores de varios países a la vez. Las multas podrían alcanzar el 6% de la facturación anual mundial de la empresa. Las compañías de fuera de la UE tendrían que nombrar un representante legal dentro del bloque para responder ante las autoridades.
La Comisión ya tiene casos abiertos por diseño adictivo. El viernes, anunció que TikTok incumple la DSA por el llamado «efecto madriguera» de su feed «Para ti», y en julio consideró que Meta había infringido la misma norma con funciones parecidas en Instagram y Facebook. Ambas compañías todavía pueden recurrir, y las sanciones dependerán de que se confirmen esas conclusiones.
Lo que dicen las voces críticas
El comisario de Protección al Consumidor, Michael McGrath, asegura que se trata de «la reforma más significativa de las normas de protección al consumidor de la UE en más de 20 años». Según él, las reglas actuales se escribieron antes del comercio electrónico, de la economía de la atención y del uso masivo de datos personales para publicidad. Su mensaje es que «la economía digital tiene que funcionar para los consumidores y no en su contra».
No todo son aplausos. Algunos responsables del sector han acogido la propuesta con cautela y advierten de mensajes contradictorios desde Bruselas. Isabelle Roccia, de la asociación IAPP en Europa, pregunta si la nueva ley aporta herramientas que no existan ya en el terreno de la protección del consumidor, la privacidad o la regulación de plataformas.
Desde la sociedad civil, la crítica va en otra dirección. Itxaso Domínguez de Olazábal, de European Digital Rights (EDRi), considera que las normas sobre diseño adictivo siguen dependiendo demasiado de que cada persona encuentre el botón de apagado, en lugar de obligar a las empresas a evitar esas prácticas. Para ella, el reto ahora es que el Parlamento y los Estados miembros den a la ley «los dientes que merece».
El texto aún no es ley. Tiene que ser examinado por los eurodiputados y por los Gobiernos nacionales antes de aprobarse, y en ese proceso se decidirá si las normas sobre menores, diseño adictivo y verificación de edad se mantienen tal como están.




